LA
TRAFA ACADÉMICA
Aunque la SUNEDU no garantiza la excelencia
universitaria, acaba con los fraudes. TELESUP al ataque. ¿Qué ocurrirá con
grandes universidades nacionales que no dan la talla? Ejemplos en Amazonas y
Moquegua.
TELESUP fue la más
importante universidad privada que no pudo obtener licenciamiento de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Tiene unos veinte mil estudiantes, cifra
varias veces mayor a las once restantes de su tipo que tampoco pasaron la
valla. José Luna, el dueño de TELESUP, ha recargado sus
acciones legales contra el superintendente Martín Benavides, en una línea de
resistencia al sistema, consagrado por el Tribunal Constitucional en 2010. Pero,
mientras tanto, no podrá ofrecer sus carreras, y para todos los efectos ha
quedado fuera del mercado.
Si consideramos que desde 2015 han obtenido
licenciamiento ochenta universidades, buena parte centros académicos privados
que cargaban con severos cuestionamientos, es posible concluir que después de
todo no era tan difícil cumplir el objetivo. Queda una lista de espera de 52, y
se cierne una interrogante sobre otras DOS GRANDES ENTRE LAS PRIVADAS DE
MALA FAMA: GARCILASO DE LA VEGA Y ALAS PERUANAS. Sin embargo, quizá las que produzcan mayor atención
por parte del Consejo Directivo de la SUNEDU sean
determinadas universidades nacionales. La Federico Villarreal, por
ejemplo.
EL FILETEO
Para obtener el licenciamiento una universidad debe
demostrar que puede cumplir sus condiciones básicas. No son requisitos
extraordinarios. Como la mayoría de ellas era controlada por empresas informales,
estas habían extendido su informalidad a la infraestructura y los servicios
universitarios. El local de un laboratorio podía estar a nombre de un
restaurante de pollos. Para pasar la evaluación de la SUNEDU las universidades afectadas tuvieron
que retirar componentes disfuncionales e ilegales, ofreciendo al proceso solo
lo que mostraba una oferta académica comprobable. Algunas no pudieron, otras no
quisieron. La mayor parte de las universidades que lograron el licenciamiento
“filetearon” sus cuerpos, dejando solo lo que podía responder a la
supervisión. Alas Peruanas está en ese proceso. Las que
pasaron se deshicieron de unos mil programas artificiales.
¿Y qué hubo con las nacionales? Hay dos grupos: las
que cuentan con comisión organizadora nombrada por el Ministerio de Educación (MINEDU), y las institucionalizadas que dependen de
un rector y de sus órganos de gobierno. Entre estas últimas se cuentan
universidades como San Marcos o San Agustín de Arequipa, que no tuvieron ningún
problema con su licenciamiento. Al contrario. Pero hay varias en problemas.
LAS MEJORES
El MINEDU hizo su tarea con los centros a su
cargo. En los últimos años invirtió por lo menos mil millones de soles en las
universidades públicas, la mayoría de las cuales fueron licenciadas
limpiamente. Los recursos fueron para inversiones y gestión. Aunque el
licenciamiento no garantiza la excelencia educativa, hay que destacar el enorme
potencial de estas universidades, que son jóvenes, que están ordenadas, y que
tienen muchos millones para investigar porque reciben recursos del canon. Es el
caso de la Universidad Nacional de Moquegua, que ofrece cinco
ingenierías y tiene una escuela de gestión pública; de la Intercultural de
Quillabamba, en el Cusco; y la de Tayacaja en Huancavelica. Sin el dinero del
canon, destacó la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, en
Chachapoyas, la primera en realizar una clonación bovina en el Perú,
y que recibe estudiantes de otras partes que desean hacer cursos de posgrado en
sus modernos laboratorios.
Si no fue el dinero del canon, ¿cuál fue la fuente
de la virtud de esta universidad? El liderazgo de un rector con excelencia
académica, Jorge Maicelo, quien actualmente es jefe del Instituto Nacional de
Innovación Agraria. Rectores de primer nivel también los ha habido en San
Marcos, La Molina y la UNI (Orestes Cachay, Enrique Flores, Jorge Alva), que
fueron producto del voto universal establecido por una ley de 2014.
LAS PEORES
Sin embargo, hay universidades estatales
importantes, con su rector y autonomía, algunas emblemáticas, que tienen
dificultades con el proceso. Una de ellas es Federico Villarreal,
por falta de inversión, entre otras debilidades. Ofrece diversos programas en
varios locales deficientes. Otra es la Pedro Ruiz Gallo, en
Chiclayo, hasta no hace mucho envuelta en un conflicto interno que impidió
concentrar sus esfuerzos en el licenciamiento. Otras, San Luis Gonzaga
de Ica y Faustino Sánchez Carrión de Huacho, estancadas
por la ineptitud y la falta de institucionalidad. El Estado no tiene allí una
contraparte que responda por proyectos de inversión, idoneidad de la
infraestructura o calidad de los docentes y mallas curriculares.
En el fondo, la dejadez de un sector de universidades
estatales se debería a la misma razón por la que el dueño de TELESUP evitó hacer la reingeniería de su
negocio para obtener el licenciamiento. Así, existe en los rectores
displicentes la idea de que al final la SUNEDU podrá ser boicoteada políticamente. Lo
que podrían lograr es la pérdida de su licencia.
VACÍO LEGAL
En este panorama, la SUNEDU afronta un cierto vacío legal, pues
teniendo como mandato garantizar las condiciones básicas de una oferta académica,
tampoco puede cerrar una universidad pública que no se hubiera adecuado
mínimamente. Carece de esa facultad legal. Que, por otra parte, es indeseable,
tratándose de centros cuya postración se debe a desviaciones subsanables.
Alguna fórmula de intervención temporal podría ser necesaria, lo cual debe
pasar por el Congreso. Allí, la Comisión de Educación acaba de acordar
solicitar facultades al pleno para investigar, precisamente, a la SUNEDU. Como el clima político es inhóspito, es
posible que en las propias comunidades universitarias surjan elementos que
empujen a las mejoras que se advierten en otros centros estatales.
Diario
La República
10/09/19