SUNEDU EXIGE
A LA UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA SUSPENDER A SU RECTOR LUIS CERVANTES
LIÑÁN
Medida provisional. La Superintendencia ha iniciado un proceso
sancionador contra esta universidad por el presunto uso de activos y excedentes
sin fines educativos. Entre ellos están el aumento de sueldos a altos
funcionarios, pago de viajes a favor del rector y su círculo familiar. En los
próximos días se desconocerá la firma de Cervantes Liñán.
La Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria (Sunedu) ha pedido a
la Universidad Inca Garcilaso de la
Vega (UIGV) que suspenda temporalmente de sus funciones
al rector Luis Cervantes Liñán. De lo contrario, el ente
fiscalizador ya no reconocerá su firma en los registros, bases de datos y toda
actuación que ejecute.
Esta medida provisional para la autoridad –que lleva
15 años en el cargo y que ha sido denunciada por ganar más de dos millones
mensuales– se aplica como parte de un proceso administrativo sancionador que ya
está en marcha por las presuntas infracciones a la Ley Universitaria (N°
30220), referidas al uso de sus activos o excedentes en fines distintos a los
educativos, según informaron fuentes de la Sunedu a La República.
Las instituciones asociativas (sin fines de lucro)
como la UIGV, que gozan de
exoneración o inafectación del impuesto a la renta, tienen la obligación de
usar sus excedentes en la mejora de la calidad educativa. El no hacerlo
representa una infracción calificada como “muy grave” en el numeral 3.2 del
Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Ley Universitaria, la cual también
precisa que los excedentes “no pueden ser distribuidos entre sus miembros ni
utilizados por ellos, directa ni indirectamente” (artículo 116).
Ahora bien, según el Informe N°
038-2019/Sunedu/02-14, al que tuvo acceso este diario, la UIGV habría
utilizado parte de sus activos para fines distintos a los universitarios, pues
incrementó salarios y otorgó bonificaciones a autoridades y funcionarios con
montos elevados sin ningún sustento; auspició actividades bajo los conceptos de
marinera, caballo peruano y súper liga fútbol 7 y pagó viajes a favor del rector
Cervantes y su círculo familiar.
Otros de los hechos imputados están referidos al
uso de vehículos de propiedad de la UIGV para fines ajenos
a los universitarios; el pago de combustible y reparación de autos que no eran
de su propiedad o el uso de tarjetas de crédito corporativas para viajes y
reserva de hoteles.
Esta investigación de la Sunedu también ha detectado que la
universidad no habría reinvertido el monto total declarado en infraestructura
en el 2016 y 2017.
Así, según fuentes de la Superintendencia, la UIGV
informó que en el 2017 había ejecutado 10 obras por más de 10 millones de
soles, entre las que están la reestructuración de pabellones, laboratorios o
servicios higiénicos. Sin embargo, señalan que durante la inspección física o
cuando se les solicitó expedientes técnicos o licencias, los encargados no
pudieron acreditar la existencia de estas.
Con todo ello, la Sunedu afirma que el rector habría
excedido las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria. “Se observan
indicios que dan cuenta que desde el inicio de su gestión en el 2004 y de
manera sostenida, el señor Cervantes no habría ejercido sus
atribuciones como rector de manera diligente (...), por el contrario habría
permitido el uso indebido de activos y excedentes generados por la UIGV de manera
sistemática”.
Por eso, plantea su suspensión temporal, entre
otras medidas provisionales, hasta que concluya la investigación.
“El tiempo que transcurra (...) hasta la emisión de
un pronunciamiento final del Consejo Directivo (de la Sunedu) podría ocasionar que el rector
continúe autorizando, sin ninguna clase de control, el uso presuntamente ilegal
de los recursos de la universidad, generando un impacto negativo en la calidad
del servicio (...)”, se lee en el Informe N° 038-2019/Sunedu/02-14.
Según fuentes, esto ya ha sido notificado a la
universidad, la cual tendría hasta el lunes 7 para ejecutar la suspensión.
Desde el miércoles 9 se desconocerá la firma de Cervantes Liñán de
manera automática.
Tras la inspección realizada en agosto pasado,
la Sunedu detectó que desde el 2004, el
rector aumentó su salario y el de otras autoridades y otorgó beneficios sin
acreditar una finalidad educativa, pese a las pérdidas económicas registradas.
Entre los más beneficiados, refiere el informe,
figuran el rector Cervantes y María Cervantes Ganoza (exjefa
de la Defensoría del Estudiante e hija del rector); Luis Cervantes
Ganoza (decano de la Facultad de Estomatología e hijo del rector) y
Luis Miguel Sandoval Cabrejos (jefe de Economía y yerno del rector).
Otras fuentes de la Sunedu señalan que la investigación ha
incorporado boletas de personajes como María Cervantes Ganoza (hija
del rector), quien habría percibido un sueldo de 52 mil soles (3 mil de
asignación familiar y 16 mil de bono de responsabilidad) solo en el mes de
noviembre del 2017.
Además, se detectó que el pago de las planillas en
la UIGV representaba
el 58% del total de sus gastos del 2014 al 2017.
Ha llamado la atención los elevados montos en lo
referido a sueldos y salarios, beneficios sociales y otras remuneraciones.
Sobre esto último, el informe de la Sunedu señala la existencia de bonos como
los denominados “remuneración al cargo” o “bonificación por responsabilidad”,
los cuales corresponderían a las actividades propias de cada trabajador. Lo
mismo ocurriría con el “pago grado doctor”, ya que tanto el rector como el
vicerrector están obligados a contar con este grado para desempeñar su cargo.
“En el 2015 y 2018 el monto (de activos usados para
incrementos salariales) excedió los 100 millones de soles, pese a que desde el
2014 los ingresos de la UIGV disminuyeron
(...) llegando a (...) un déficit”, dice el mismo informe de Sunedu.
Vehículos sin declarar
Durante la supervisión, la universidad declaró que
en el 2017 había sido titular de 19 vehículos (entre autos y motos) para
trasladar a funcionarios de la UIGV. Sin embargo, pese
a que se le pidiera información, no logró acreditar que hayan sido utilizados
con fines educativos.
La Sunedu, además,
identificó 6 vehículos no declarados, de los cuales 4 aún formarían parte del
patrimonio y 2 habrían tenido la misma condición hasta el 2017. En este grupo
hay unidades “cedidas” en sorteos y una declarada como robada.
Ahora bien, de los 19 vehículos declarados, 4 son
de alta gama y han sido designados al rector, vicerrectores y otro funcionario.
El valor de cada uno oscila entre los 141 mil y 518 mil soles, dice Sunedu.
A esto se suma que la universidad habría pagado
combustible y reparación de vehículos que no serían de su propiedad. En sus
registros, además, figuran la compra de pasajes aéreos y entradas para un show
del Circo del Sol en Las Vegas. Y en los estados de cuenta de las tarjetas de
crédito corporativas, a nombre de otros funcionarios, aparecen compras en
tiendas por departamento y hoteles, sin acreditar una conexión con fines
educativos.
Por lo mismo, también se investiga el auspicio a
eventos durante el 2016 y 2017 como marinera, caballo peruano y super liga de
fútbol, por más de 3 millones de soles. Y mientras esto ocurre, la universidad
aún busca su licenciamiento. Al cierre, este diario se comunicó con la oficina
de Comunicaciones de la UIGV, pero no hubo respuesta.
Al cierre
● La Sunedu denegó la licencia a la
Universidad Peruana del Oriente (UPO), con más de 700 alumnos en Loreto, la
cual deberá cesar en dos años. Ya van 18 denegadas.
● En junio del 2019, este diario entrevistó a Luis
Cervantes Liñán, quien aseguraba que la universidad no presentaba problemas
financieros y que las pérdidas registradas se dieron a raíz de la
implementación de la Ley Universitaria, debido a que, por ejemplo, ya no
brindaban cursos a distancia ni a provincias.
● Señaló, además, que estas pérdidas no tenían
vínculos con los sueldos de los funcionarios. “Nuestros sueldos son el promedio
de todas las universidades (...) No puedo decir cuánto gano porque es una cosa
muy reservada”, refirió.
● En relación con la participación de sus hijos en
la universidad argumentó que ellos son “profesionales” y cuentan con grados
académicos. Y sobre el uso de las cuentas de la institución dijo que “así se lo
otorgó la asamblea universitaria”.
● Además de la suspensión a Cervantes Liñán recomendada
por la Sunedu hay otras medidas. Una es que
durante los 10 días hábiles de cada mes, comenzando desde noviembre, la
universidad debe enviar un reporte de los gastos efectuados el mes anterior.
● Este proceso administrativo forma parte de un
plan de supervisión de la Sunedu a más de 30
universidades.
SIEMPRE DE PIE
NUNCA DE RODILLAS