CERVANTES LIÑÁN SIGUE MANEJANDO LA UIGV A
PESAR DE ESTAR SUSPENDIDO
Afrenta. A un mes de ser formada, la comisión
interventora nombrada por la ANR no puede ingresar a la universidad.
La comisión interventora de la Universidad Inca
Garcilaso de la Vega (UIGV), creada hace más de un mes, todavía no puede asumir
sus funciones. Mientras tanto, Luis Cervantes Liñán sigue firmando comunicados
como rector de la UIGV, a pesar de que la Asociación Nacional de Rectores (ANR)
lo suspendió.
El 16 de junio, el rectorado de la UIGV convocó a una
Asamblea Universitaria Extraordinaria para la elección del Comité Electoral. El
comunicado trae la firma de Luis Cervantes Liñán.
La comisión interventora fue creada por la ANR en respuesta a la serie de presuntas irregularidades detectadas en el manejo de la universidad. El principal cuestionamiento tiene que ver con los excesivos sueldos que perciben Cervantes Liñán y sus colaboradores más cercanos.
La comisión interventora fue creada por la ANR en respuesta a la serie de presuntas irregularidades detectadas en el manejo de la universidad. El principal cuestionamiento tiene que ver con los excesivos sueldos que perciben Cervantes Liñán y sus colaboradores más cercanos.
Según información de la Sunat recolectada por la
Comisión de Educación del Congreso, en nueve años Cervantes Liñán ganó más de
80 millones de soles.
La UIGV es una asociación civil sin fines de lucro,
exenta del pago de impuestos. Los excedentes deberían ser reinvertidos en la
universidad, sin embargo la comisión sospecha que se han usado en financiar los
altos ingresos de sus principales autoridades.
A pesar de haber acudido al Poder Judicial y a la
Fiscalía para obtener todas las garantías en el descerraje de la institución
educativa, Freddy Aponte Guerrero, que encabeza la comisión interventora de la
ANR, apuntó que en vez de obtener autorizaciones se impusieron trabas por los
organismos de justicia. Y el resultado es que no se puede acceder a la
información financiera requerida para seguir con las investigaciones.
"Estamos haciendo legalmente lo imposible para
ingresar a las oficinas y averiguar la documentación sobre remuneraciones y
contratos. Pero todavía estamos impedidos", lamentó Aponte.
Por otro lado, el titular de la Comisión de Educación
del Congreso, Daniel Mora, indicó que se denunció a la jueza María del Carmen
Bless Cabrejas por prevaricato.
En efecto, el primer pedido de allanamiento de la UIGV
fue rechazado por dicha jueza y luego se comprobó que ella era profesora de la
misma universidad.
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