HOY EN LA REPÚBLICA

EDITORIAL

INDIGNANTES HALLAZGOS QUE EXIGEN ACCIÓN INMEDIATA

La Comisión del Congreso de la República aprobó por unanimidad el informe sobre la Universidad  Inca Garcilaso de la Vega. En él se indica que su actual rector  Luis Cervantes Liñán y 22 funcionarios se habrían apropiado ilegalmente de 350 millones de nuevos soles, cometiendo los presuntos delitos de fraude en la administración de personas jurídicas, apropiación ilícita, defraudación tributaria, asociación ilícita para delinquir, estafa, y lavado de activos. Entre los comprometidos con estos actos se encuentran Óscar Romero, Manuel Lazo, Jesús Rivera Oré, María Cervantes y Adolfo Cervantes, estos dos hijos del rector. 

El  Informe Final sobre la investigación de los hechos irregulares en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega es el resultado de los trabajos de dicha comisión parlamentaria a la que el pleno del Congreso le otorgó facultades de comisión investigadora en octubre del año pasado luego de aprobar una moción multipartidaria.

Sus conclusiones deben ser validadas sin demora por el Congreso. El grupo parlamentario, que propone remitir el informe a la Fiscalía de la Nación, acaba de abrir una caja de sorpresas que evidencia el nivel al que llegaron las irregularidades en la administración de los centros de enseñanza.

Es el resultado de un trabajo diligente en el Congreso y de una heroica lucha de un pequeño grupo de estudiantes y docentes de esa universidad, liderados por el profesor Lucas Lavado Mallqui, todos ellos expulsados, agredidos y difamados por las cuestionadas autoridades.

El caso de la Universidad Garcilaso es una dolorosa herida en el sistema universitario, el emblema de una corrupción ilimitada y un símbolo del abandono de los fines y los objetivos humanistas de la educación universitaria. Es significativo que el congresista Vicente Zeballos haya comparado la actividad delictiva de este grupo con las organizaciones encabezadas por Rodolfo Orellana y la que operaba en el Gobierno Regional de Áncash.

La pregunta de cómo se llegó a este nivel de corrupción en una universidad paradójicamente considerada sin fines de lucro debe ser respondida, aparte de los encausados, por el Estado. Como en otros casos, las primeras responsabilidades le corresponde al Ministerio Público que no reaccionó con diligencia ante las primeras denuncias, un organismo que el grupo dirigente de dicha universidad neutralizó, al igual que con el Poder Judicial, a través de contratos docentes. Otra institución que relajó sus mecanismos de control es la SUNAT ocasionando pérdidas al Estado que la comisión estima en 47 millones de soles.

Una cuota alta de responsabilidad les corresponde a los políticos que hicieron la vista gorda frente a esa corrupción y aceptaron prebendas que deberán conocerse. Del mismo modo, la actuación de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) ha sido vergonzosa. Durante varios años protegió al grupo de Cervantes desoyendo las fundadas denuncias contra su gestión, incluso después de que el Congreso resolviera investigar a la mencionada casa de estudios, actuando solo luego de que el clamor público se hiciera muy evidente. Aun en ese momento adoptó un acuerdo confuso sin que hasta ahora sea posible ejecutarlo. Este solo hecho descalifica a este organismo que a pesar de ello presume de depositario de los intereses de los estudiantes universitarios.