SOCIOS EN LA CORRUPCIÓN

ANR Y UNIVERSIDAD GARCILASO COMPARTEN ABOGADOS DEL MISMO ESTUDIO

ANR evalúa intervención de dicha universidad y su decisión tiene trasfondo legal: dependerá de fallo judicial e informe parlamentario por denuncias de irregularidades contra rector Luis Cervantes.

Los doctores Ántero Flores-Araoz y Domingo García Belaunde no sólo son amigos y dos conocidos abogados miembros del Estudio Flores-Araoz, sino también representantes legales de la Asamblea Nacional de Rectores (Flores-Araoz) y del rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (García Belaunde). Esto no despertaría suspicacias si la ANR no estuviera evaluando la intervención de la Universidad Garcilaso tras las denuncias por irregularidades contra su rector, Luis Cervantes, que son materia de investigación judicial y parlamentaria. Así, la ANR y la Universidad Garcilaso se convierten en antagonistas de esta historia.

Según la Ley Universitaria, cuando se presenten graves irregularidades académicas, administrativas, normativas o económicas en una universidad privada, la ANR podrá, de oficio, intervenir y adoptar las medidas necesarias, las que pueden llegar hasta la reorganización total de la universidad y el cese de sus autoridades. Si las investigaciones oficiales no favorecen al rector Luis Cervantes, la ANR decidirá si procede o no la intervención de la universidad. Sin duda, un peliagudo tema legal donde será decisivo el papel de García Belaunde y del ex ministro Flores-Araoz. “Es el fundador del estudio, es mi amigo y jefe”, dijo García Belaunde a Corresponsales.pe en entrevista telefónica. Con oficinas aledañas dentro del mismo estudio y con clientes con intereses contrarios: ¿respetarán el secreto profesional y el principio de buena fe?

El último pronunciamiento de la ANR sobre el caso de la Universidad Garcilaso se difundió en noviembre pasado, cuando en Cajamarca el Pleno de Rectores escuchó el informe del Consejo de Asuntos Contenciosos Universitarios (CODACUN), como paso previo a una eventual intervención. El informe debió recomendar ser cautelosos, porque la ANR decidió esperar el fallo del 29° Juzgado Penal de Lima (donde es procesado el rector Cervantes) y las conclusiones de la Comisión de Educación del Congreso que en octubre recibió facultades para investigar los sueldos de las autoridades de la universidad. La ANR declaró: “Las conclusiones y el consiguiente proceso de intervención en curso de la Universidad Garcilaso deberá considerar esos resultados, para lo cual el CODACUN mantendrá un seguimiento minucioso, con la seguridad de que al final se emita una decisión imparcial”.   

Dos meses antes, a fines de agosto de 2013, el rector Luis Cervantes, preocupado por la revelación de su millonario sueldo, envió una carta al abogado Domingo García Belaunde para que le ayudara con una duda: ¿era posible que la ANR interviniera la universidad si existían graves irregularidades? Finalmente, el rector Cervantes contrató a García Belaunde para que lo asesorara en este caso y en la investigación que realizará la Comisión de Educación del Congreso. Consultado por Corresponsales.pe, el abogado nos dijo:

García Belaunde:Han nombrado una comisión investigadora de manera irregular, una subcomisión dentro de una comisión. En el caso de la Universidad Garcilaso no hay interés público. Se dice que las autoridades se suben los sueldos desmesuradamente y se están beneficiando porque no pagan impuestos, pero la universidad es privada y sí paga impuestos. Es una universidad asociativa, sin fines de lucro, hay auditores que vigilan su contabilidad. Que lo investigue el Poder Judicial no el Congreso. La pregunta es ¿dónde está el interés público?

Corresponsales.pe:Doctor, la suspicacia viene de las denuncias por los millonarios ingresos del rector Cervantes que indican que gana S/.2 millones de sueldo.

García Belaunde:No tengo la información exacta. A mí me han dicho que son algo así como S/.800 mil, que con impuestos son como S/.650 mil al mes, eso es lo que tengo entendido pero no me consta. Sin embargo, si el rector tiene el apoyo de su consejo y la asamblea universitaria pues allá él, es problema de la universidad. En la medida que la universidad no quiebre, que brinde buenos servicios y pague impuestos, legalmente hablando, no debe haber ningún problema.

Para el Dr. García Belaunde, la “subcomisión parlamentaria” que investigará al rector Cervantes es irregular. Eso no es exacto, porque en realidad es la propia Comisión de Educación, Juventud y Deporte la que investigará el caso luego de que el pasado 31 de octubre el Pleno del Congreso le diera facultades para hacerlo. Asimismo, el Dr. García Belaunde considera que el millonario salario del rector es un asunto privado. La propia ANR refuta este argumento en su comunicado del 18 de noviembre de 2013 referente al caso: “(…) la universidad, quien por su esencial carácter de servicio público, está sometida al control de las instancias que la legislación peruana establece”.

Paralelamente a estos hechos, el ex ministro Ántero Flores-Araoz participó en la Comisión de Educación del Congreso como abogado de la ANR, y se paseó por varios medios de comunicación criticando la reforma uiversitaria. En este escenario y de comprobarse las acusaciones contra el rector Cervantes, ¿la ANR será capaz de intervenir la universidad dirigida por uno de sus miembros? 

FUENTE: CORRESPONSALES.PE