HOY EN LA REPÚBLICA

ACOSO UNIVERSITARIO

La inocultable inspiración de la campaña contra el Ministro de Educación.

Ha terminado de tomar forma la campaña de acoso y derribo del ministro de Educación (MINEDU), Jaime Saavedra. Lo que inicialmente fue la hostilidad exclusiva del Apra ha evolucionado hasta convertirse en una operación de mayor envergadura y a la que se ha sumado el fujimorismo, cuyos voceros han advertido la posibilidad de que el titular del MINEDU sea interpelado y opcionalmente censurado. El congresista oficialista Juan Sheput se ha sumado al operativo cuestionando al ministro por una supuesta falta de comunicación, y acusándolo de esconderse tras algunos amigos periodistas y formadores de opinión.

Los argumentos formales para esta campaña son una supuesta desatención de Saavedra a las actividades para garantizar la realización de los Juegos Panamericanos el 2019. Sin embargo, el problema de fondo es la posición del actual liderazgo del MINEDU respecto a la Ley Universitaria, especialmente de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU).

Los primeros cuestionamientos lanzados cuando el debate de la confianza al gabinete en agosto pasado corrieron a cargo del Apra. En ese momento se criticaba el papel del MINEDU en la acreditación de las universidades. Los cuestionamientos estaban acompañados por voceros mediáticos aparentemente independientes pero que operan por cuenta de algunas universidades privadas de manera que era fácil advertir que los argumentos esgrimidos en el Congreso aparecían antes o después en medios digitales con inocultable relación con algunos centros superiores de estudios.

Son ellas, algunas universidades cuyo activismo contra la Ley Universitaria es visible, las que se encuentran detrás de esta operación. De hecho los legisladores más incisivos son precisamente los que se opusieron a la aprobación de esa norma, que marcharon junto a los cuestionados rectores de San Marcos y Federico Villarreal, blindaron al millonario rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega cuando fue forzado a acudir al Congreso, y los que presentaron la llamada “ley Cotillo”.

No es solo una coincidencia; una minuciosa revisión de declaraciones de las últimas semanas indica que los legisladores que promueven en reserva la formación de una alianza parlamentaria para modificar la Ley Universitaria animan ahora el frente contra el MINEDU.

A este frente se han sumado nuevos actores, los dueños de algunos colegios privados y de institutos no universitarios interesados en impedir el fortalecimiento de la supervisión pública del servicio educativo. La alerta fue lanzada en agosto frente al proyecto de Reglamento de las Instituciones Privadas de Educación Básica que elabora el sector.

Es correcta la aseveración de que una persona no hace una institución. No obstante ello, es importante que los equipos humanos en la gestión del Estado no sean desarticulados especialmente si lideran cambios complejos. También es correcto que los políticos sinceren sus intenciones y no se escondan en argumentos poco sostenibles.