“La Ley Universitaria acabó con la ANR y
el compadrazgo al reemplazarla con la Sunedu. Se pretendió afirmar que esto
vulneraba la autonomía universitaria, pero el TC se pronunció y dijo que no”.
El negocio educativo es ultra lucrativo. Y si el
encargado de supervisarlo es el mismo que lo opera, es más lucrativo aun. ¿A
alguien en su sano juicio –y a la luz de las evidencias– se le ocurriría que
los proveedores de servicios de telefonía e Internet (como Movistar, Claro o
Entel, por ejemplo) estén a cargo de supervisarse a sí mismos y de castigarse y
multarse a sí mismos cuando brinden un servicio que no cumpla con los
requisitos mínimos ofrecidos por ellos mismos?
Eso es exactamente lo que sucedía con la Asamblea
Nacional de Rectores (ANR). Utilizaban la figura legítima de la autonomía
universitaria para alcahuetearse entre ellos o hacerse los de la vista gorda
frente a flagrantes violaciones y despropósitos que terminaban siempre
afectando a los estudiantes. La Ley Universitaria acabó con la ANR y
el compadrazgo al reemplazarla con la Sunedu. Se pretendió afirmar que esto
vulneraba la autonomía universitaria, pero el Tribunal Constitucional se
pronunció y dijo que no vulnera nada.
El proyecto del congresista aprista Velázquez
Quesquén busca que todo vuelva a ser como antes. “¿Acaso Harvard necesita una
Sunedu para alcanzar la excelencia?”, se preguntó. En un país con universidades
que funcionan en garajes, chifas y corralones, que venden títulos sin respaldo,
que utilizan el dinero de las exoneraciones a las que tienen derechos nadie
sabe en qué, con una universidad (UIGV) sin ningún reconocimiento nacional o
internacional que le paga 2 millones de soles mensuales a su rector, ¿tiene
sentido que el Estado no supervise que no estafen a los chicos con lo que les
venden? Por cierto, el rector de Harvard gana la cuarta parte que el rector de
la UIGV. ¿Acaso la Policía necesita ir armada en Londres?, habría que
preguntarle a él.
Publicado hoy en Perú21
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